Por Alba Hernández*
Antes de tomar la Secretaría de Gobernación, la senadora Olga Sánchez Cordero presentó las iniciativas que impulsará para cambiar lo que cree indispensable en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si bien, su agenda abarca temas, de los reconocidos “de perspectiva de género”, muestra una profunda contradicción sobre cómo cuidar los derechos reproductivos de la mujer, al buscar despenalizar el aborto y, en cambio, permitir el alquiler de vientres.
Desde 1997 se permitió el alquiler de vientres en México, a través de una regulación al código civil de Tabasco sumamente laxa, que no garantizaba ningún derecho a la madre gestante al no imponer contratos ni supervisiones da la práctica, ya que sólo servía para facilitar el registro de los bebés a nombre de los padres contratantes.
La misma senadora advirtió que nuestro país ocupa el tercel lugar mundial en el “turismo en reproducción asistida” y que tienen reportes de que existen clínicas que operan de “manera clandestina, por la falta de regulación”.
Olga Sánchez Cordero propone castigar estas prácticas, cuando se realicen fuera de la supervisión de la Secretaría de Salud, por medio de la creación del Registro Nacional de Reproducción Asistida. Su iniciativa sobre la reproducción asistida, presentada el pasado 20 de noviembre, pretende avalar prácticas como el alquiler de vientes o gestación subrogada, donde una mujer lleva un embarazo de un bebé con material genético de una pareja distinta a ella. Los acuerdos pueden ser contratos en los que intervienen empresas internacionales o como un acto filantrópico de las mujeres.
En un sistema que replica todo tipo de abusos contra nosotras, a todos los niveles, no hay manera de garantizar que la gestación subrogada no sea más que un tratado de comercio internacional, que pondrá a las mujeres con necesidades económicas a disposición de quienes tienen dinero para demandar bebés en las condiciones que a ellos les parezcan favorables. O por lo menos, así lo han hecho varias veces donde se les ha permitido esta práctica.
En un informe presentado en 2017, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), expusó varios casos donde empresas y prospectos de padres abusaron y no cumplieron con lo pactado a las mujeres gestantes. Presentan el caso de Laura, una tabasqueña que en 2015 firmó un acuerdo de subrogación de vientre con una pareja estadunidense, a través de una agencia internacional. La agencia no cumplió su parte y no pagó a la joven. Los padres estadunidenses y ella tuvieron que sacar a la agencia del acuerdo y seguir sin contrato. El bebé tuvo problemas al nacer y los futuros padres abandonaron a la mujer mexicana quien se hizo cargo de los gastos y del cuidado de su ahora hijo.
GIRE asegura que sólo a través de la regulación estos abusos podrán ser frenados. Y también afirma que las empresas intermediarias tienen que seguir participando, sólo que con más vigilancia del Estado. Pero México no ha sido el único país en donde se han cometido abusos.
Los vientres de alquiler fueron permitidos los últimos 15 años, en la India, como un modelo de negocio que Naciones Unidas estimó, que tan sólo en 2012, movió alrededor de 400 millones de dólares. Igual que en México, la mayoría de los pobres en la India son mujeres, por lo que una práctica que permitiera un ingreso de alrededor cinco años de trabajo, fue sumamente recurrida. Y les trajo fama internacional.
Según la misma ONU, muchas de las prácticas abusivas se dieron porque a pesar de que para la renta de vientres estuvo prohibida para las mujeres de castas “sumamente bajas”, se permitían contratos en inglés, donde las madres gestantes no fueron informadas de las condiciones, por las empresas internacionales, que sacaban la mayor ventaja de esta práctica.
La respuesta del gobierno indio, en 2016, fue prohibir el alquiler de vientres comercial, para extranjeros y parejas homosexuales. Y ahora sólo permiten la práctica como una acción altruista, entre integrantes de una familia. Tras dicha prohibición, el mundo volteó sus ojos a Tabasco, donde desde 2017 se modificó la ley para permitir la subrogación a matrimonios mexicanos o en concubinato.
Hace unos días, luego de presentar su iniciativa para la reproducción asistida, Olga Sánchez también dijo que pese a que “no está a favor del aborto” pero que promoverá su despenalización, ya que es un derecho que evitará la muerte de mujeres que sólo tienen acceso a clínicas clandestinas que realizan interrupciones.
Es peligroso hablar del alquiler de vientres, y la participación de empresas internacionales en la práctica, como algo indispensable a regular, en un país donde las mujeres todavía no pueden siquiera decidir cuándo interrumpir su embarazo. ¿Por qué queremos permitir algo que otros países buscan evitar, por los múltiples abusos que ha generado?
