Por Pablo Pérez
El fin de sexenio es una fecha común para evaluar resultados, en este caso se conjunta con el aniversario número 10 de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de una investigación que manchó de ineficiencia y corrupción la administración pasada y promete dejar una marca similar en la presente.
Del “Ya me cansé” de Murillo Karam al exponer lo que se conocerá por siempre como “la verdad histórica”, pasamos a la promesa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de rectificar la historia, recibir de nuevo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y crear una fiscalía especializada para resolver el caso.
Uno de los detalles más importantes de este caso fue la continua presencia del Ejército, escuchando y espiando esa noche, incluso permitiendo la muerte de uno de sus efectivos supuestamente “infiltrado” entre los estudiantes, cómo se explora en el documental “Mirar morir: el ejército en la noche de Iguala”.
El gobierno de la recién nombrada cuarta transformación aseguraba que esa y muchas evidencias serían usadas para aclarar finalmente el caso.
Seis años después, o como se dice coloquialmente “corte a”, nos encontramos con que la fiscalía de un no cansado, sino simplemente invisible, Gertz Manero se encargó de deshacerse del fiscal especial para el caso Ayotzinapa mientras el Ejército “al mando” de AMLO, espió al subsecretario de gobernación Alejandro Encinas y a defensores de derechos humanos asociados a los padres de los 43, sumado a la resistencia castrense a presentar todos sus archivos de esa noche.
Al final del sexenio tenemos solo algunas migajas de información nueva y muchas evidencias de que la impunidad del Estado continúa invariable de administración en administración.
Lo único que cambió fue la filiación política de los detractores de Ayotzinapa, antes eran los priistas y panistas los que acusaban a las familias indígenas de Guerrero de ser “actores desestabilizadores” y ahora son los morenistas, principalmente en redes, quienes acusan a los padres y madres de ser priistas y/o panistas, ¡ah, ok!
La evaluación de finales de sexenio debe ser mucho más profunda, ya hemos hablado de las mejoras en índices de pobreza y cómo ha empeorado el acceso a la salud. Pero la impunidad y opacidad en las investigaciones de desaparición en nuestro país continúa, Ayotzinapa es solo un caso emblemático, uno que recibió mayor atención y recursos sin embargo, se topó con pared cuando se acercó a la información que podría haber aclarado el caso pero implicando al Ejército, el Estado sigue protegiendo al Estado.
Como cierre, el presidente hoy aclara que el caso no se ha cerrado, le deja una herencia maldita a la próxima administración porque la única manera de resolver el caso es aclarando por qué durante este sexenio también se ocultó información y sabemos que en este oficialismo, es más importante la lealtad que la justicia.
La deuda con Ayotzinapa es la misma deuda que este gobierno deja con las familias de las al menos 110,000 personas desaparecidas en nuestro país.
