AGORA
Por Bertha Alicia Bermúdez Tapia
La historia reciente de los procesos migratorios entre México y Estados Unidos ha experimentado una serie de transformaciones que han llevado al sistema migratorio a encontrarse con una cadena de políticas cada día más restrictivas y rigurosas.
Los efectos de estás políticas han sido por demás paradójicos. Debido principalmente a una tradición centenaria de migración entre México y Estados Unidos, así como la que ocurre prácticamente de manera unidireccional por parte de México y Centroamérica hacia el vecino país del norte, nos encontramos con que, más que un freno a los flujos migratorios, estas políticas de restricción han aumento la base de migrantes indocumentados de manera exponencial desde los años 60 y, al mismo tiempo, se ha provocado que las rutas de cruce sean cada vez más peligrosas y que el riesgo vital de cruzar clandestinamente haya aumentado de manera significativa.
Durante los últimos años, las políticas migratorias han seguido endureciéndose, dejando muy pocas oportunidades legales de movilidad, acrecentando la marginación social, los tiempos de espera en las ciudades fronterizas y por tanto una mayor exposición a los grupos del crimen organizado y otras formas de violencia.
Tres ejemplos de las más recientes restricciones migratorias son las siguientes: el aumento en el número de deportaciones de mexicanos desde 2008, la reducción de visas de trabajo temporales y visados de residentes, así como las limitantes a las solicitudes de asilo y la deportación masiva de solicitantes de asilo a través de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), en donde las y los solicitantes son forzados a permanecer en México mientras esperan que sus solicitudes sean procesadas en los Estados Unidos.
Establezco este marco introductorio para hacer notar que, de manera general, las y los migrantes eran ya una población con alta vulnerabilidad previo al COVID-19.
La reducción de canales legales para llegar y permanecer en los Estados Unidos, aunada a una limitada protección por parte del Estado mexicano, ha agudizado por mucho la situación de vulnerabilidad de las y los migrantes mexicanos y centroamericanos, debido a la escasez de medidas de protección y oportunidades de resguardo.
Una de las medidas de protección a migrantes gestadas desde grupos de la sociedad civil ha sido la creación de albergues a lo largo de las rutas migratorias. No obstante, la propagación del COVID-19 en México ha impactado fuertemente la situación de estos lugares debido a las condiciones de hacinamiento, la carencia de servicios de salud, y la falta de protocolos efectivos en casos de infección.
Estos factores han dado como resultado que diversos albergues, de la mano de las autoridades de la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de Migración, hayan decidido establecer cuarentenas, en donde nadie puede entrar o salir de sus instalaciones, y haya cierres temporales de estos en la zona fronteriza del país.
Estas medidas, aunque necesarias, han acrecentado la situación de vulnerabilidad de la población migrante y de las personas que laboran dentro de los refugios.
La situación hoy es sumamente compleja. Los espacios de protección, que ya eran limitados, así como las barreras que ya existían en términos de acceso a la salud pública, son ahora mucho más precarios haciendo cada vez más complejo garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de esta población, así como agudizan la posibilidad de contagio sin contar con el tratamiento o resguardo necesario.
La pregunta es ¿qué podemos hacer ante esta situación? La repuesta es compleja y quizá aparezca un tanto amplia, pero desde mi experiencia aparece como la única solución viable ante el escenario que nos presenta 2020: Es urgente que se establezcan políticas de atención basadas en una coordinación interinstitucional, en donde las autoridades de los diferentes órdenes de Gobierno, las asociaciones civiles y las distintas autoridades sanitarias trabajen por la creación de un plan unificado para la atención a migrantes.
Si las decisiones no se toman de manera coordinada, va a ser mucho más complicado atender a la población migrante y la marginación y riesgo al que se enfrentan las y los migrantes en nuestro país será cada vez mayor y más difícil de tratar.
ÁGORA es un espacio de reflexión del Consejo Nuevo León
