Por Waldo Fernández*
El 14 noviembre del 2017 La Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2017. Ese día tras escuchar durante 14 horas las interminables alocuciones, por fin al filo de las 4:45 de la madrugada, casi 500 somnolientos diputados que durante horas debatimos y lanzamos diatribas, ejercimos el mandato exclusivo que el pueblo nos ha otorgó.
Levantamos con pesadumbre y desgano la mano y decidimos en qué y cómo se va a gastar el dinero que ha salido de cada uno de los bolsillos de los mexicanos: $5,279,667,000,000 para el año 2018, cifra difícil de leer y más de dimensionar, pero dinero que resulta indispensable para que en este país se puedan construir hospitales, pagar a policías, y un largo etc…
Desde mi perspectiva el principal problema de las finanzas públicas en México es que recaudamos mal y gastamos peor.
Según información generada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante el 2017, a pesar de que México aumentó a 17.4 por ciento su recaudación tributaria como proporción del PIB en 2015 gracias a la implementación de la Reforma Fiscal, el país todavía sigue por debajo del promedio de recaudación de América Latina y el Caribe, que fue de 22.8 por ciento.
Por otro lado el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional, México está en la posición número 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción. A nivel regional, México se encuentra por debajo de Brasil, Argentina, y Colombia; y ocupando la misma posición que Honduras y Paraguay; es además el país peor evaluado tanto del G20 como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
Estas dos circunstancias parecen tener un origen simple: no pagamos impuestos porque creemos que se los van a robar, y que suceda no nos agravia lo suficiente para ejercer presión pública.
Cuando en este país se tome conciencia de que el dinero público es del pueblo y proviene del fruto de su trabajo y sus consumos, daremos un paso enorme en la consolidación de una sociedad más con conciencia y activa en la exigencia del que los recursos públicos se ejerzan con honestidad, transparencia y eficacia.
En este sentido, a pesar de la estridencia de la política y su aparentemente conflicto perpetuo, me declaro optimista, creo que muchos en la sociedad hemos entendido la gravedad del problema y que la viabilidad del país está comprometida si no hay un cambio de fondo en la manera en la que recaudamos y ejercemos el gasto público.
Por eso creo que los Sistemas Nacionales de Fiscalización, Transparencia y Anticorrupción son pasos en el sentido correcto, pero en mi opinión su éxito dependerá de que la sociedad los asuma como propios, que los respalde, los utilice y defienda porque de no ser así se corre el riesgo de que estas nuevas instituciones se alejen del interés nacional y se conviertan en botín de grupos políticos.
¡No lo permitamos!
