Por Deyra Guerrero
Primer acto: El Senado de la República aprueba por unanimidad la creación de la Guardia Nacional.
Segundo acto: prácticamente todas las plataformas de la prensa del país destacan que la nueva corporación policiaca tendrá un mando civil.
Tercer acto: organizaciones no gubernamentales aplauden la decisión. Todo parecería ser parte de una obra legislativa con final feliz, excepto por un nuevo revire del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“La facultad para nombrar al jefe de la Guardia Nacional recae en el titular del Poder Ejecutivo, y puede ser un civil o un militar retirado o en activo; todo esto es importante que se aclare”, afirmó el viernes el mandatario federal.
El tabasqueño añadió que tiene “la facultad para decidir sobre lo que mejor convenga. Entonces, voy a hacer una buena selección”. Posteriormente, López Obrador se mostró satisfecho de la aprobación a la reforma constitucional que permitirá el funcionamiento del nuevo cuerpo policiaco.
¿Quién dice la verdad, los senadores, medios de comunicación o el presidente? Realizamos una verificación del tema y enseguida se presentan los resultados.
Festejan mando civil
El 21 de febrero, tras autorizar la reforma constitucional sobre la Guardia Nacional, senadores de oposición como Dante Delgado, coordinador de Movimiento Ciudadano, y el panista Mauricio Kuri, resaltaron el mando civil.
“El mando civil de la Guardia Nacional es sustantivo. Será una institución policial adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública y se regirá por una doctrina policial y no se establece un mandó mixto”, manifestó entonces Delgado.
En sus redes sociales, el priista Miguel Ángel Osorio Chong, expresó: “sí se pudo una Guardia Nacional con mando civil”.
Públicamente, líderes de organizaciones gubernamentales se dijeron contentos por los cambios, sobre todo porque -pensaron que en definitiva- el mando de la Guardia Nacional sería civil y no militar, situación por la que han estado luchando durante los últimos meses.
Los medios de comunicación de todos los niveles en México subrayaron, en sus encabezados y textos de las notas periodísticas, precisamente el mando civil, que en teoría ya no tenía vuelta de hoja.
Por ejemplo, Grupo Reforma publicó en sus periódicos, incluido El Norte: “Pactan Guardia Nacional con mando civil”; mientras que El Universal señaló: “Avalan por unanimidad Guardia con mando civil” y el resto de los medios escritos, de radio, televisión e internet siguieron la misma línea de información.
Durante el mismo jueves el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había adelantado que no aceptaría leyes que no resolvieran el problema e insistió en que se requería un mando militar para la Guardia.
Lo que no está prohibido, está permitido
Al revisar el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Mexicana, en materia de Guardia Nacional, aprobado por el Senado y devuelto a la Cámara de Diputados, es claro que no se estableció de manera literal y obligatoria que el mando de la corporación será civil, como creyó gran parte de la opinión pública.
En el artículo 21 ordena que la ley secundaria de la Guardia, que apenas se elaborará producto del nuevo mandato constitucional, “determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.
Además, en el artículo segundo transitorio del documento, que ya aparece en la Gaceta Parlamentaria de la cámara baja, se precisa que “el Ejecutivo Federal dispondrá lo necesario para la incorporación de los elementos de las policías Militar y Naval a la Guardia Nacional y designará al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de la instancia de coordinación operativa interinstitucional”.
Aquí se puede consultar el documento íntegro: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/64/2019/feb/20190222-I.pdf
Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad Pública del país, defendió la posibilidad de que AMLO designe a un mando militar para la Guardia, al argumentar que el simple hecho de que la nueva corporación dependa y pertenezca a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana le da en automático un carácter civil.
“En la ley correspondiente se definirá el proceso para la designación y las características del titular, pero también en la reforma se establece que será facultad del presidente designar al titular de la Guardia Nacional, y no impone en esta aprobación ninguna condición”, explicó Durazo.
“No debemos sorprendernos, en primer lugar, porque no tenemos otra opción; un coronel se lleva 20 años formarlo, no es de un día para otro, ¿y cuántos coroneles o mandos de ese nivel se van a requerir en la Guardia Nacional? Muchísimos”.
Por lo tanto, sentenció, quien sea la cabeza de la Guardia Nacional podrá ser un civil o un militar activo o retirado.
Por separado, las bancadas del PRI y del PAN en el Senado insistieron en que el presidente de la República no puede designar a un militar en activo al frente de la Guardia Nacional, pero sí a uno retirado, es decir, alguien que ya sea un civil más.
Tres calificaciones
Las evidencias indican que el discurso de los senadores y los medios de comunicación podría considerarse como Engañoso y Falso, respectivamente, dado que los primeros mezclaron el carácter civil de la Guardia Nacional establecido en la reforma, con el origen del titular de la misma que no quedó aún definido; en tanto que la prensa dio por hecho que el mando sería un ciudadano sin cargo en las Fuerzas Armadas, cuando es un asunto todavía no resuelto.
Más allá de lo que sea o no mejor para el país, es Verdadero lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que es su facultad (del Ejecutivo federal) elegir a quien encabezará a la nueva Guardia y que, hasta hoy, el decreto que crea la corporación no establece ninguna prohibición para que pueda elegir libremente entre un civil o un militar como responsable.
Se espera que esta semana la Cámara de Diputados discuta una vez más la minuta de la Guardia Nacional, con el fin de que sea enviada para su votación a los Congresos estatales, quienes en más de la mitad tendrán que respaldarla -por tratarse de cambios a la Constitución-, para que, finalmente, AMLO determine su promulgación, publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor.
