Por María Elena Chapa
La no discriminación, la igualdad y la paridad son principios constitucionales suscritos en los artículos 1, 4 y 41; dan cuenta de los mandatos de ley a los que toda la población mexicana tiene la obligación de atender y respetar, son considerados derechos humanos.
Son cuatro los postulados de las Naciones Unidas para hacer probable la igualdad entre las mujeres y los hombres: igualdad de trato, de oportunidades, de toma de decisiones y de beneficios del desarrollo.
La Ley para la Igualdad entre mujeres y hombres del estado de Nuevo León señala claramente la distribución de competencias y las acciones a realizar por las autoridades y las instituciones bajo el principio de transversalidad de género, esto es, qué deben hacer las dependencias del Poder Ejecutivo, que el Congreso y que el Tribunal Superior de Justicia, incluye por supuesto a los 51 municipios.
Fue publicada en diciembre de 2011, son parte de las políticas de igualdad en la participación pública de las mujeres en la toma de decisiones y en la contratación de la mitad del personal que trabaja en los gobiernos tanto estatales como municipales.
Las resistencias para que las mujeres accedan a sus derechos y los ejerzan son enormes. Nuevo León ha sido calificado por la Conapred como el más discriminador del país y observamos diariamente muestras de todos tipo y ámbito que obstruyen la igualdad de oportunidades, con énfasis en la participación política.
Zigmund Bauman señala que en este mundo globalizado y multicultural de cibervida, saturada de información instalado en la cultura del desapego y el olvido no existe el pueblo, sino clientes a quien seducir o esclavos a quien explotar.
Miles de mujeres son clientes explotadas y marginadas de la ley; de la política frente a la Ley Estatal Electoral aprobada recientemente en el Congreso Local, constituye un ejemplo claro al no ser considerada en el ejercicio del derecho a la paridad en las oportunidades políticas para las presidencias municipales, gracias a las alianzas perversas entre las diputaciones del PAN y del PRI.
En el empleo, la segregación ocupacional es evidente: no reciben igual salario para un trabajo de igual valor, reciben menos capacitación y menos prestaciones que los hombres en la mayoría de los casos, dejan de lado la reforma a la Ley Federal del Trabajo de noviembre de 2012 en sus artículos 47 y 56 que regula las relaciones laborales basadas en la igualdad sustantiva y en el pleno respeto del artículo primero constitucional.
Cuando las mujeres conozcan sus derechos, los asuman como garantía, los valores éticos universales de respeto, justicia, libertad y democracia, no solo representativos sino incluyentes, serán una manifestación fehaciente de que la igualdad ya se instaló en la cultura de la sociedad; de no ser así, continuará siendo una asignatura pendiente.
