“Tenemos leyes de primera con funcionarios de tercera”

Syndy García / Monterrey

En México, 393 personas privadas de la libertad de cada mil fueron víctimas de actos de corrupción, según la primera Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2016) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La situación es similar en Nuevo León, 262 personas privadas de la libertad de cada mil fueron víctimas de actos de corrupción desde su arresto hasta llegar al centro penitenciario.

Ante las cifras oficiales, Verificado entrevistó al periodista, Marco Lara Klahr, quien se ha especializado en el funcionamiento procesal del sistema de justicia penal acusatorio.

Lara Klahr manifestó que estas y otras cifras dadas a conocer por el Inegi revelan solo una parte de la situación de crisis humanitaria que se vive dentro de los penales mexicanos.

“Estamos hablando que las personas que llegaron al sistema penitenciario son personas que llegan después de una cadena de extorsión, corrupción, abuso de autoridad, abuso de poder, violación sistemática de derechos humanos, tortura, tratos inhumanos crueles y degradantes.

“Además, las detenciones son cuestionables, en la medida en la que si juntamos el porcentaje de personas detenidas en flagrancia, con las que habrían sido detenidas en un lugar privado sin orden de detención, eso da más de la mitad y nos permite sostener que gran parte de las personas privadas de libertad fueron detenidas de manera no necesariamente legal”.

Refirió que los resultados en donde se habla que las personas privadas de la libertad fueron detenidas en flagrancia, habla de una policía en México que solo se dedica en su mayoría a detener y no a investigar.

El profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM añadió que la situación actual en las prisiones es una herencia del sistema de justicia inquisitivo pasado.

Destacó que si bien hay gobernadores que buscan ampliar el catalogo de delitos graves dentro del nuevo sistema de justicia, esto sería un retroceso; por lo cual manifestó que es necesaria la acción política para implementar las leyes ya establecidas.

“Suponer que el sistema de justicia va a cambiar nada más por cambios legales, es un acto retórico, el sistema de justicia penal tiene ya las bases constitucionales y procedimentales para cambiar, lo que necesita es acción política es cumplimiento del mandato constitucional, que no están haciendo estos servidores públicos y necesita una cultura de respeto irrestricto a ilegalidad y los derechos humanos.

“Tenemos leyes de primer mundo, leyes de primera división con funcionarios y operadores del sistema de tercera división, con severos problemas de opacidad, burocratismo, corrupción y abuso de poder que básicamente no se está trabajando nada”.

Para que haya un funcionamiento integral de los sistemas de justicia y prisiones, ahondó, se necesita también fortalecer a las policías, ministerios públicos, servicios forenses y ejercer las leyes en las cárceles.

“Se necesita fortalecer y renovar el Código Nacional de Procedimientos Penales, se necesita una reforma integral de las policías, porque mientras no tengamos policías profesionales -que detengan con respeto a los derechos humanos y a la ley-, mientras no tengamos oficiales de policía que investiguen con uso de la ciencia, mientras no tengamos procuradurías que investiguen, servicios forenses que hagan trabajo profesional de investigación, si no tenemos un sistema de prisiones que cumpla con el mandato de la Ley General de Ejecución Penal reciente, entonces eso no va a cambiar.

“El problema no es cirugía mayor para todos los que lleguen con la patología que lleguen, el asunto esencial es necesitamos una política pública que favorezca la prevención del delito y la violencia, la resolución pacífica de conflictos, la restitución del daño de las personas víctimas y que favorezca su restauración por los derechos afectados y que favorezca el pago del daño producido por parte de la persona que lo produjo, más que mantenerla en prisión sin ninguna utilidad práctica en un sistema que no favorece la reinserción social”.