El INAI: Te explicamos su función, presupuesto y situación en 2023

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Por Leslie Orozco

El presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente ha propuesto la sustitución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pues afirma que la institución no ha «ayudado» al combate a la corrupción y considera repartir sus funciones a otros organismos como la Fiscalía Anticorrupción o la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

«Desde que se creó no han ayudado en nada a combatir la corrupción; al contrario, sirvieron para legitimar robos y ocultar información, y desde que se creó ese instituto le cuesta al pueblo de México mil millones de pesos por año […] Ojalá y el Congreso haga algo para que esa función la pueda realizar una institución ya creada, de tantas que hay, ya sea la Auditoria Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción», mencionó el presidente durante su mañanera del 18 de abril

 

Desde 2021, AMLO ha insistido en su intención de eliminar al instituto pero las razones que ha dado no son ciertas, tal como verificamos en esa ocasión.

Aunado a anteriores declaraciones del presidente, funcionarios del gabinete como Adán Augusto López, secretario de Gobernación, han cuestionado la operación del INAI y lo señalan de ser una institución burocrática y onerosa.

Por esto, en Verificado te explicamos qué pasa con el INAI, su funcionamiento, cuál es la situación actual y qué podría implicar su desaparición.

La función del INAI

El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, es un organismo público autónomo encargado de facilitar y garantizar el acceso de las personas a la información pública y el acceso y protección de los datos personales, promover la cultura de la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad; con atribución en todas las instituciones, dependencias y organizaciones, públicas o privadas, que reciban, generen o administren recursos públicos de la Federación. Así como también la protección de datos personales en posesión de particulares.

En 2022, se ingresaron 314 mil solicitudes de información pública (de octubre 2021 a septiembre de 2022), así como 63 mil 435 solicitudes para la protección de datos personales en el mismo periodo y atendió más de 16 mil recursos de revisión.

Además, coordina y administra el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales y el Sistema Nacional de Archivos.

El Pleno es el órgano máximo de dirección del INAI y se integra por siete Comisionadas y Comisionados designados por el Senado de la República, quienes sesionan periódicamente y cuyas funciones se establecen en la Constitución y en leyes aplicables en la materia

El pasado 1 de marzo de 2023, el Senado de la República eligió a los nuevos comisionados, pero quince días después, el mandatario federal veto la decisión dado que no aprobó la elección de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso.

El 15 de marzo, el INAI presentó una controversia constitucional demandando la falta de nombramientos de los comisionados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Sin embargo, con el veto del presidente y la finalización del periodo de Francisco Javier Acuña como comisionado del organismo, quedaron solo cuatro participantes, que imposibilitan las sesiones del Pleno.

El 27 de marzo, el INAI recurrió nuevamente a la Corte para solicitar se ordene al Senado culminar con el proceso de designación de tres vacantes de su pleno y «en tanto ello sucede» se le permitiera sesionar con cuatro comisionados a partir del 1 de abril, lo que fue rechazado por la ministra Loretta Ortiz.

Por lo cual, será hasta que la Suprema Corte resuelva el fondo de la controversia, o bien el Senado nombre al menos una persona de las tres comisionadas vacantes, cuando el INAI podrá volver a sesionar con normalidad, pues legalmente sólo puede emitir acuerdos y sesionar válidamente con cinco integrantes como mínimo.

El instituto continua funcionando pese a la imposibilidad de realizar sesiones por la falta de quórum, la ciudadanía puede seguir realizando solicitudes de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, además continua la emisión de resoluciones de órganos estatales y la admisión de recursos de revisión.

Entre las actividades que se han quedado inactivas, se encuentran:

  • La emisión de resoluciones en materia de solicitudes de protección de datos personales y recursos de revisión.
  • La dirección de casos en órganos estatales.
  • Proponer sanciones por incumplimiento de resoluciones a solicitudes de información.
  • Vigilar el cumplimiento de las leyes en materia de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales.
  • Tramitar acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales.

Diversos especialistas en derechos humanos, así como Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del INAI, han señalado que la falta de nombramientos vulnera de manera directa la posibilidad de que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos humanos de acceso a la información y de protección de datos personales, consagrados en los artículos 6 y 16 de la Constitución.

El INAI y la desaprobación del presidente

En las conferencias matutinas, el presidente de la República ha señalado que el presupuesto del organismo se gasta en el salario de los consejeros (sic), además le mandatario afirmó que las funciones del INAI pueden ser realizadas por la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Especializada en Anticorrupción de la FGR, sin embargo los dichos de AMLO no son del todo precisos.

Respecto al presupuesto de mil millones que menciona el presidente, de acuerdo a los datos del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2023, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sí tiene un gasto neto de 1 mil 65 millones 876 mil 335 pesos.

Dónde 83 millones 658 mil 485 pesos están destinados a ejes relacionados a la anticorrupción, como combatir la corrupción e impunidad, el abuso de poder, promover la mejora de gestión pública, así como el contacto y vinculación entre el gobierno, la sociedad y el sector privado.

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Como se observa en la imagen, el INAI administra su presupuesto en cuatro ejes para combatir la corrupción y fortalecer la transparencia, mientras que los organismos como la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solo cumplen con un propósito, además de que dependen de otros poderes u organismos como el Poder Legislativo y la Fiscalía General de la República, respectivamente.

El presupuesto otorgado a la ASF es mayor que el del INAI, pues para este año se otorgaron 2 mil 815 millones 761 mil 633 pesos.

Mientras que el presupuesto neto de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción no es claro, pues si bien se menciona el destino de 223 millones de pesos para combatir la corrupción e impunidad, no se le considera organismo autónomo, por lo que depende de la Fiscalía General de la República, a la cual se le asignaron más de 18 mil millones de pesos.

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Respecto al presupuesto ejercido el año pasado, desde la entrada del actual gobierno ha ido disminuyendo, de 2018 a 2021 tuvo un decremento del 17.6%, mientras que de 2018 a 2022 fue de 16.9% en términos reales.

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El presupuesto del 2022 para el INAI representó el 0.01% del gasto total del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Sobre las opciones del presidente

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) no desempeña las mismas funciones que el INAI, pues esto es un órgano de la Cámara de Diputados que se encarga de fiscalizar (inspeccionar) el uso de los recursos públicos de los tres poderes de la unión así como de cualquier persona física o moral que haya manejado recursos públicos.

Su manera de contribuir con la transparencia es su publicación de informes y rendición de cuentas, pero no están capacitados para conducir ni administrar solicitudes de información.

Mientras que la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, solamente investiga a los delitos relacionados con el título décimo del Código Penal Federal, referente a los delitos que cometen los servidores públicos.

La utilidad del INAI

Otro de los argumentos de López Obrador para la eliminación del organismo es que no ha servido para evitar casos de corrupción y que por el contrario han «ocultado información».

Sin embargo, el INAI ha sido herramienta clave para algunas de las investigaciones periodísticas más relevantes de la última década, como la Estafa Maestra que desenredó un sistema de 128 empresas fantasma a través de las cuales el Gobierno Federal desvió más de 7 mil 600 millones de pesos a través de una red de desvíos de dinero que involucró a 11 dependencias del Estado, ocho universidades públicas, diversas empresas privadas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno, para este trabajo periodísticos se realizaron más de 500 solicitudes de información a diferentes dependencias.

Además, la Fiscalía General de la República fue obligada a difundir la versión pública de los primeros tomos de la investigación sobre el Caso Odebrecht, en cumplimiento a una orden del INAI.

Esta información, la cual la FGR se negó a hacer pública por varios años, muestra la intervención de funcionarios actuales del gobierno, como Leonardo Cornejo Serrano, directivo de la refinería de Dos Bocas, en la asignación de una obra de mantenimiento para la refinería de Salamanca durante el sexenio pasado.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales instruyó a Seguridad Alimentaria Mexicana (SEGALMEX) dar a conocer el número de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República por la falta de casi 900 millones de pesos pagados a empresas que no prestaron sus servicios o dejaron de hacerlo, lo cual fue detectado en ejercicios de auditoría.

En conclusión

En resumen, el pleno del instituto no ha funcionado desde el 1 de abril pero sus demás funciones sí. La desaparición del INAI incumple con el derecho de las y los mexicanos de acceso a la información, ni la Auditoria Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción pueden sustituirle pues no tienen las mismas funciones o propósitos.

 


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