Verificado explica: Informe de la ONU sobre desapariciones en México

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Por Melina Barbosa

El Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) recién publicó un informe sobre su visita a México entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021.

Durante su estancia, la delegación del CED sostuvo reuniones con 88 autoridades y visitó 13 entidades federativas:

  • Chihuahua
  • Ciudad de México
  • Coahuila
  • Estado de México
  • Guanajuato
  • Guerrero
  • Jalisco
  • Morelos
  • Nayarit
  • Nuevo León
  • Sinaloa
  • Tamaulipas
  • Veracruz

De igual manera, se realizaron reuniones con autoridades estatales de alto nivel y con colectivos de víctimas, llevando a cabo algunas actividades de búsqueda en campo.

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) declaró a través de un comunicado que «la visita fue muestra del compromiso de nuestro país con la promoción y protección de los derechos humanos, así como de la apertura al diálogo constructivo y la cooperación internacional».

El informe presentado por el Comité de la ONU consta de dos partes y contiene 85 recomendaciones, de las cuales la SRE destacó las siguientes:

  • La necesidad de adoptar una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas, al igual que las prioridades para atender dicha política y las condiciones mínimas para que ésta sea eficaz y efectiva.
  • Fortalecer las instituciones nacionales y los procesos de búsqueda e investigación.
  • Garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones.
  • Remover obstáculos en la judicialización y crisis forense.
  • Facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con enfoque diferencial.
  • Reconocer el papel de las víctimas y atender debidamente sus necesidades de atención y protección.

No obstante, algunos de los puntos contenidos en el informe que no fueron mencionados por la SRE en el comunicado, exponen otros datos fundamentales para entender la imperante problemática de las desapariciones en México, al igual que otras recomendaciones por parte del Comité contra las Desapariciones Forzadas:

El fenómeno de las desapariciones en México

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Según las cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, al 26 de noviembre de 2021 se encontraban registradas 95 mil 121 personas desaparecidas, 112 de las cuales habrían desaparecido durante la visita del Comité.

Cabe señalar, que México hasta el momento acumula 98 mil 877 personas desaparecidas y no localizadas (desde que comenzaron los registros en 1964 hasta la fecha) y de estas, más de 73,800 son hombres y casi 25,000 son mujeres.

La información brindada al CED muestra que entre 2006 y 2021 se produjo un crecimiento exponencial de las desapariciones en el país, pues un porcentaje superior al 98% tuvo lugar en dicho período.

De igual manera, los mismos datos indican que las desapariciones siguen afectando mayoritariamente a hombres de entre 15 y 40 años.

No obstante, las cifras oficiales muestran un incremento notable de desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia por COVID-19.

Dichos casos corresponderían a desapariciones vinculadas con la sustracción de niños y niñas, a desapariciones como medio para ocultar la violencia sexual y feminicidio, así como a las que tenían por objetivo la trata y explotación sexual.

El informe del Comité de la ONU también señala que no es menos preocupante la situación de los defensores de derechos humanos, algunos de los cuales han sido desaparecidos como consecuencia de su participación en procesos de búsqueda.

Las desapariciones de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021; fueron igualmente señaladas, puesto que la situación constituye una seria amenaza para la libertad de expresión y para el derecho de la sociedad a estar informada.

Asimismo, las comunidades indígenas se han visto afectadas por desapariciones, ya que estas ocurren principalmente en el contexto de conflictos sociales y territoriales vinculados con el desarrollo de megaproyectos o el acaparamiento de tierras por parte de grupos del crimen organizado u otros actores privados.

En cuanto a la desaparición de personas LGBTIQ+, estas habrían sido cometidas por fuerzas de seguridad o por la delincuencia organizada, y en muchos de los casos, con fines de «limpieza social» o de explotación sexual, frecuentemente tras el internamiento en los llamados «centros de terapias de conversión», es decir, centros donde se efectúan los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG).

Por otro lado, el Comité también fue informado sobre la falta de notificación inmediata de la privación de libertad de personas en centros penitenciarios y estaciones migratorias.

Las desapariciones en México: una impunidad casi absoluta

Según el informe de la Comisión Nacional de Búsqueda que le fue proporcionado al CED, al 26 de noviembre de 2021, solo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre el 2% y el 6%, habían sido judicializados, y solo 36 sentencias se habían emitido en casos de desaparición de personas a nivel nacional.

A ello se suma la actitud, pasiva muchas veces, de las instituciones judiciales frente a un fenómeno tan grave como la desaparición de personas, cuya atención es responsabilidad de todos los ámbitos del poder público.

Lo anterior contribuye a la notable falta de confianza de las víctimas en las instituciones, que a su vez resulta en un alto número de casos no reportados o denunciados.

«La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto.»

Reconocer y tomar en consideración los criterios de responsabilidad de los servidores públicos y erradicar las causas estructurales de la impunidad

desapariciones

Dentro del informe se describe la recopilación de varias alegaciones que insisten en la responsabilidad directa o indirecta del Estado, teniendo en cuenta los patrones de desapariciones que se producen en el país.

En unos casos, se refieren al involucramiento directo de servidores públicos, basándose en elementos probatorios contundentes como fotografías, testimonios o videos. En otros, a la inacción de las autoridades y funcionarios ante la existencia de riesgos conocidos.

Ante esto, el Comité de la ONU recuerda que México está suscrito a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y esta misma indica lo siguiente:

Los Estados parte son responsables si no investigan estas desapariciones y no llevan a sus responsables ante la justicia (art. 3) o cuando estas desapariciones constituyen crímenes de lesa humanidad (art. 5). También son responsables si no buscan y localizan a las personas desaparecidas y, en caso de muerte, si no se devuelven sus cuerpos a sus familiares y allegados de forma digna y, más en general, cuando incumplen sus obligaciones con las víctimas (art. 24), incluidos los niños (art. 25).

Abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública

En su informe, el CED inclusive recomienda abandonar el enfoque militarizado de la seguridad pública por el riesgo que implica en materia de derechos humanos.

Según la información oficial, entre 2007 y 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un total de 162 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina por violaciones graves a los derechos humanos, 15 de ellas relacionadas con casos de desaparición forzada.

Asimismo, en 2021, la CNDH señaló que la SEDENA y la Guardia Nacional se encontraban entre las diez autoridades con mayor frecuencia en los expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos.

Atender debidamente a las desapariciones ocurridas en el contexto migratorio

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Al 21 de octubre de 2021, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas incluía a 2 mil 522 personas extranjeras.

Si bien, el registro contempla la categoría de personas en situación migratoria irregular, la información disponible no refleja de manera fidedigna los casos en los cuales dichas personas desaparecieron durante su tránsito por el país.

Además, las personas en situación migratoria irregular en general no reportan la desaparición de sus acompañantes de viaje o familiares, por temor a ser detenidas y deportadas, o porque desconocen los mecanismos para hacerlo.

Esta situación fomenta un importante subregistro de desapariciones de personas migrantes y no permite medir el impacto de las iniciativas llevadas a cabo en la materia.

Proteger a los servidores públicos involucrados en las búsquedas e investigaciones

Durante su visita a México, el Comité también recibió testimonios de la situación de inseguridad y el impacto de esta sobre los servidores públicos a cargo de las búsquedas e investigaciones.

Varias personas entrevistadas señalaron un aumento de actos de seguimiento, vigilancia, persecución, amenazas y tortura cometidos en su contra.

Estos actos han obligado a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) a suspender varias acciones de rastreo en Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.

Si bien, las comisiones locales cuentan con el apoyo de cuerpos de seguridad federales o estatales, dicha protección no cubre otros puntos vulnerables, como los trayectos de traslado a los lugares de búsqueda, los lugares de pernocte, los hogares de las personas que viven en la zona y, por ende, sus familiares.

Cabe recalcar que aunque el pasado 12 de abril, la Secretaría de Relaciones Exteriores agradeció el trabajo del comité y afirmó recibir las anteriores recomendaciones «respetuosamente con el compromiso de implementarlas de buena fe».

El presidente Andrés Manuel López Obrador, declaró durante la mañanera del 13 de abril que «ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados, si estamos actuando con legalidad, con humanismo, si no permitimos la corrupción si no permitimos la impunidad, ¿qué pueden hacer? Nada, inventar; eso sí».

 


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