ÁGORA
Por Perla Martínez Lozano*
Los últimos dos años han sido clave para el posicionamiento de la crisis climática en la agenda pública estatal. Estos avances se reflejan en la versión revisada del Plan Estratégico 2030, donde por primera vez se estableció como objetivo el mitigar y adaptar los efectos del cambio climático en Nuevo León.
El área metropolitana de Monterrey ha sido calificada con 39.92 en el Subíndice para el ODS 13 (Acción por el clima) del Índice de Ciudades Sostenibles (ICS) en 2018. En contraste, por ejemplo, están Guadalajara y León con 90.7 y 88.6, respectivamente.
Esta calificación nos dice más cuando recordamos las consecuencias de algunos de los fenómenos meteorológicos más extremos y atípicos que hemos vivido últimamente en el estado, que a causa de la crisis climática han aumentado en frecuencia y devastación a nivel global.
Las lluvias de Hanna en 2020 provocaron daños en infraestructura y pérdidas de vidas humanas. En febrero de este año, unas horas a temperaturas debajo de los 0°C colapsaron nuestros servicios básicos, provocaron accidentes, pérdidas económicas millonarias y pusieron en riesgo a la población. Un mes después, incendios en la sierra de Santiago y otros municipios calcinaron miles de hectáreas de bosques, provocando la pérdida de invaluables especies y disminuyendo la calidad de los servicios ecosistémicos que nos brindan.
Lo anterior se refiere a la falta de resiliencia ante los efectos y, en cuanto a las causas, en Nuevo León el 98 % de la energía eléctrica generada proviene de fuentes fósiles, principal fuente de gases de efecto invernadero, causantes de la crisis climática, y somos el 2.o consumidor de energía a nivel nacional.
Otra razón detrás de esta baja calificación es el rezago en la entrada en vigor de instrumentos de política pública indispensables. Apenas el año pasado entraron en vigor la Ley de Cambio Climático del Estado y su Reglamento. A la fecha el Estado no cuenta con un Programa de Acción ante el Cambio Climático actualizado y ningún municipio cuenta aún con su respectivo reglamento y programa en la materia. De 17 instrumentos e instituciones indispensables en política pública climática, el Estado cuenta con 10, varios desactualizados.
En el Plan se determinó que la meta conservadora es elevar la calificación del ICS a 60 y la optimista a 70.
El tipo de política pública a seguir para su ejecución debe ir más allá de cumplir con el requisito, sino lo suficientemente ambiciosa para estar alineada al objetivo del Acuerdo de París de mantener el aumento de temperatura muy por debajo de los 2°C y de lograr la neutralidad de carbono a más tardar a 2050. Incluso debería evaluarse si las metas del Plan logran este alcance.
Llegar a este nivel de ambición depende del reconocimiento por parte de todos los actores de la sociedad de que el cambio climático es una crisis que tiene efectos catastróficos en nuestra entidad y que debe ser atendida con calidad de emergencia.
Los retos a superar para lograr las metas son muchos, pero serán superables solo si (1) se crean gobernanzas metropolitanas e intermunicipales que integren a los territorios y a los sectores sociales (Gobiernos estatal y municipales, universidades, organizaciones de la sociedad civil, empresas, etc.) y (2) se fortalecen las estructuras orgánicas de las instituciones que tienen el encargo de diseñar y ejecutar la agenda climática con suficientes recursos. Esto para lograr ejecutar proyectos transformadores con esquemas de fondeo suficiente y diversificado que aumenten el impacto de implementación.
La falta de presupuesto no puede seguir siendo la excusa comodina ante la inacción, pues el costo público (tanto humano como económico), de no prevenir las consecuencias de los eventos climáticos es mucho mayor que la planeación para evitarles.
ÁGORA es un espacio de reflexión del Consejo Nuevo León
