Por Syndy García
En los últimos dos años los disturbios en penales de Nuevo León han tenido resultados fatales.
Para conocer el por qué la situación persiste, Verificado entrevistó a Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director de Renace, una organización que ha trabajado por varios años en la mejora continua de la justicia penal.
¿A qué atribuye los hechos de descontrol en los penales de Nuevo León?
Esta problemática de descontrol venía de sexenios pasados, en lo que se ha presentado ahora de diferentes eventos en los reclusorios es que no se han atendido como debe de ser todos los pendientes que implica la seguridad, el control y los servicios que debe de darse a los internos, el trato que deben de llevar.
La Ley Nacional de Ejecución Penal determina cómo debe estar el funcionamiento de los reclusorios y los derechos que deben de prevalecer del interno, esos no se están cumpliendo, son letra muerta en el estado (Nuevo León) y se tiene que exigir que se cumpla y que se apeguen a ese derecho porque no lo están haciendo.
¿Es válido el pretexto de que no hay dinero para mejorar penales en la entidad?
No es válido. Si bien es cierto que hay cierta crisis de orden financiero, estamos hablando de que ya pasaron dos años (del actual gobierno) y estamos hablando que a nivel federal hay fondos para seguridad que pueden ser utilizados en el sistema penitenciario que no se han utilizado, que requieren sí una aportación del estado, pero desde hace mucho tiempo estamos esperando que hubiera un proyecto serio bien planteado y planeado por personal experto, por gente que ha trabajado en estos sistemas con éxito, pero no se ha hecho eso.
Se han tomado decisiones parciales, decisiones que no están dentro de un plan, no se ve que tengan una planificación adecuada para que respondan a la problemática y a la crisis penitenciaria.
El número de personas recluidas -según datos oficiales- ha ido a la baja de 2015 a 2017 en Nuevo León, ¿por qué cree que continúen los hechos violentos dentro de las cárceles?
Puede ser que el hacinamiento no sea un problema en ciertos penales, pero en el Topo Chico sigue siendo un problema, pero en otros reclusorios están en su nivel o a tope.
Aún y aunque ha bajado la población penitenciaria, los problemas de fondo no se han resuelto, no se ha logrado tener personal suficiente capacitado porque no se les da un buen plan de carrera que sea atractivo y que tenga prestaciones suficientes para que a la gente le interese trabajar en un centro penitenciario, no se ha logrado tener la infraestructura necesaria para responder a las necesidades de atención y servicios, no se tienen los controles de vigilancia suficientes, vaya todos los temas están pendientes.
Los servicios de salud no son los adecuados, el servicio de comida sigue reportándose como deficiente, la existencia de negocios de comida dentro del reclusorio sigue presente, entonces no es suficiente con que hay mucha gente que no va al penal porque se somete a salidas alternas o están en una medida cautelar en libertad, pero si no hay respuestas integrales de las que estamos hablando, es imposible pensar que vaya a cambiar la realidad.
Respecto a la situación del penal de Cadereyta, el funcionario Aldo Fasci aseguró que la mayoría de los que murieron eran secuestradores y el gobernador Jaime Rodríguez expuso que muchos de ellos tenían problemas con drogas, ¿es razón suficiente lo que dicen las autoridades para el uso de la fuerza letal y recuperar el control de la cárcel?
Son declaraciones nefastas que están fueran de contexto y que de ninguna manera dan respuesta correcta y con la suficiente autoridad para saber cuáles son las circunstancias de la población que fue lesionada o que murió.
Nada lo justifica, ¿o entonces ahora van a disparar solamente por estar acusado o sentenciado por algún tipo de delito?, no es razón suficiente la que ellos dicen, al contrario, habla de la falta de conocimiento del respeto a los derechos que el gobierno tiene que darles a las personas que tiene detenidas en la cárcel.
Los invitó (al gobierno) a que lean bien la Ley Nacional de Ejecución Penal y que vean cómo se debe de trabajar en centros penitenciarios y que después hagan sus declaraciones, porque no creo que estas declaraciones respondan a la necesidad que tienen los internos o las familias de recibir un trato digno como personas.
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