Diálogos
Por Carlos Osoria *
El pasado 10 de octubre el Senado de la República aprobó por unanimidad dos instrumentos internacionales: la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas Conexas de Intolerancia; y la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia; las cuales fueron enviadas al Ejecutivo para el trámite correspondiente.
Es importante señalar que ambas convenciones interamericanas comenzaron a fraguarse en el seno de la OEA en el año 2000, enfrentándose desde el comienzo a diversas dificultades.
Por ejemplo, en un inicio se buscaba que fuera una sola convención la que abordara temas de racismo, discriminación y cualquier forma de intolerancia. Sin embargo, uno de los elementos que generó debate entre ciertos países fue que se contemplaba la “orientación sexual” como una de las categorías prohibidas de discriminación, además de considerar que no era necesario otro instrumento internacional en la materia.
En 2011, para destrabar las negociaciones, se optó por elaborar dos convenciones jurídicamente obligatorias: una sobre racismo y otra sobre cualquier forma de discriminación (en la que se incluyó la que se comete por motivos de orientación sexual).
Una vez concretados los proyectos de convención, el 5 de junio de 2013, fueron adoptadas las versiones finales en La Antigua, Guatemala. Hasta antes de la ratificación por parte de México, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas Conexas de Intolerancia había sido adoptada por tres Estados, por lo que había entrado en vigor el 11 de noviembre de 2017.
No obstante, la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia únicamente había sido adoptada por Uruguay, por lo que una vez que el Estado mexicano deposite su ratificación dicho instrumento entrará en vigor, marcando un paso importante en el derecho internacional público de la región.
Cabe señalar que el Estado mexicano formuló una declaración interpretativa sobre ambos instrumentos, al establecer que “no se considerarán discriminatorios los requisitos de nacionalidad mexicana, sin otra nacionalidad y los demás relativos para el ingreso a los planteles del Sistema Educativo Militar, que están destinados a formar y capacitar a militares para las Fuerzas Armadas, acorde a lo instituido en los Artículos 32 y 123, Apartado B, fracción XIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos“.
A pesar de ello, la ratificación de ambos instrumentos genera una serie de obligaciones acentuadas en materia de racismo, discriminación e intolerancia, entre las que se pueden mencionar:
- Adoptar medidas en el ámbito nacional y regional para fomentar y estimular el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas y grupos sometidos a su jurisdicción, sin distinción alguna por motivos de “raza, color, linaje u origen nacional o étnico”.
- Adoptar medidas en el ámbito nacional y regional para fomentar y estimular el respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas y grupos sometidos a su jurisdicción, sin distinción alguna por motivos de “sexo, edad, orientación sexual, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición económica, condición de migrante, refugiado o desplazado, nacimiento, condición infectocontagiosa estigmatizada, característica genética, discapacidad, sufrimiento psíquico incapacitante o cualquier otra condición social”.
Nuestro país, a lo largo de su historia como una nación soberana, ha firmado y ratificado más de 200 tratados internacionales en materia de derechos humanos.
No obstante, nos enfrentamos a una grave crisis de violencia, seguridad y derechos humanos desde hace varios años. Entonces, la pregunta obligada es: ¿de qué sirve adoptar tratados internacionales si no se ven reflejados en nuestra vida diaria?
Indudablemente la ratificación de las convenciones interamericanas contra el racismo y contra la discriminación representa un gran paso en favor de los derechos humanos en México; aunque, si queremos ver resultados palpables, debe existir un compromiso real y constante del Estado en su conjunto, de lo contrario, no servirá añadir dos tratados más a la larga lista de instrumentos internacionales adoptados por nuestro país.
