Sistemas penitenciarios y la ejecución penal en AL

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ÁGORA

Por Laura Julia Cora Bogani*

El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer han llevado a cabo durante el año 2020 un estudio acerca de los sistemas penitenciarios y ejecución penal en América Latina, titulado: “Sistemas penitenciarios y ejecución penal en América Latina: una mirada regional y opciones de abordaje”.

Los hallazgos más sobresalientes han sido compartidos en el “Foro Nuevo León Mañana: Reinserción Social” llevado a cabo virtualmente en el mes de julio de 2021 y organizado por la Comisión de Seguridad y Justicia del Consejo Nuevo León para la Planeación Estratégica.

La estructura de esta obra se compone de tres secciones. En la primera, de carácter general y amplia, se abordan los estándares internacionales y regionales aplicados a las personas privadas de libertad como así también referidas a las condiciones de encierro.

También se analizan las decisiones tomadas por las autoridades penitenciarias en el marco de COVID-19, dedicándose un capítulo exclusivo a las mujeres sentenciadas. Luego, se avanza en la investigación sobre la realidad de los sistemas penitenciarios de 10 países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Perú, República Dominicana y Venezuela. Se analizan tres ejes: el marco jurídico y organizacional, un análisis empírico (entrevistas, análisis de estadísticas, etc.) acerca de la situación carcelaria y poscarcelaria local y, de la justicia de ejecución.

Finalmente, la última sección, analiza comparativamente la información obtenida en cada informe nacional y, se concluye con una serie de recomendaciones o aportes para un debate renovado de políticas públicas penitenciarias en la región latinoamericana.

Sin perjuicio de reconocer que la problemática penitenciaria y de ejecución penal abarca variados ámbitos que requieren diversas ideas; solo se pretende, en esta ocasión, hacer hincapié en aquel que permite sentar las bases para el diseño de una política pública penitenciaria basada en la evidencia.

La insuficiencia de información completa y desagregada se ha presentado como un inconveniente generalizado, resaltando el efecto negativo que implica para el diseño y formulación de una política pública en esta materia.

Para ello, se estima indispensable la implementación de un completo sistema de registro que transparente, por ejemplo, la cantidad de personas privadas de libertad, su género, su edad, el tipo de delito, tiempo de condena, como así también aquellas condiciones personales que podrían agravar su estado generalizado de vulnerabilidad intramuros, por ejemplo: la pertenencia a comunidades indígenas, mujeres (con o sin niños o niñas a cargo), colectivos LGTBI, personas discapacitadas (su tipo de discapacidad), adultos mayores, etc.

De igual manera, las condiciones edilicias, de salud, alimentación, higiene, seguridad, del staff penitenciario, herramientas eficaces para la reinserción social, estudios sobre la justicia de ejecución penal, son todos aspectos que requieren de datos estratégicamente relevados. Otro punto que coadyuva a la transparencia es el acceso a éstos; no debieran existir grandes obstáculos para su recopilación.

Este primer paso, permitirá conocer de un modo cabal e íntegro el estado actual del sistema penitenciario local, lo que habilita a una toma de decisiones adecuadas en cada uno de los ámbitos que requieran de cierto tipo de ajustes.


ÁGORA es un espacio de reflexión del Consejo Nuevo León

COLUMNISTA 7

*Abogada por la Universidad Nacional de La Rioja. Investigadora asociada del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). Fiscal del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de La Rioja, Argentina.
Twitter: @lajucb   Instagram: @lauritacorabogani

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