Entre Periodistas
Andrés A. Solis*
Esta semana el virtual presidente electo presentó sus 50 medidas de austeridad republicana. Algunas son como llamados a misa, porque no suponen políticas públicas, otras ya existen en la normatividad vigente de la administración pública, que no siempre se cumplen.
Entre estas 50 acciones destacan dos en su relación con la prensa y que de alguna manera anticipábamos en este mismo espacio la semana anterior.
Reducir en 50 por ciento el gasto de publicidad gubernamental y desaparecer las oficinas de comunicación social de las dependencias federales.
En un país pobre como México es bastante ofensivo que exista un gasto de siete mil millones de pesos al año para lucir la imagen del gobierno, con estrategias de contratación de publicidad que son arbitrarias y hasta absurdas, porque se publicita por ejemplo, una campaña de vacunación para ganado y se hace en los medios que circulan en centros urbanos.
La publicidad gubernamental se sigue usando para premiar a “los amigos” y castigar a la mala prensa y esa, Andrés Manuel López Obrador dice tener mucha.
Como lo comentaba la semana pasada, esta política de austeridad seguramente pondrá en riesgo la supervivencia de algunos medios que dependen de la publicidad oficial, y en algunos estados les tocará por partida doble, porque seguramente esa reducción del gasto la aplicarán los gobernadores electos de Morena.
Y no es que sea malo, pero mientras no se reforme la ley de publicidad gubernamental, se seguirá usando de manera discrecional.
Pero otro lado, la eventual desaparición de las oficinas de comunicación social que dice Andrés Manuel duplican acciones, no sólo dejará sin empleo a decenas de personas, dejará sin voz propia a las 256 dependencias del gobierno federal que tendrán que vivir a la sombra de las políticas de comunicación oficial de la Presidencia de la República.
Y no es que sea malo tener congruencia en el mensaje institucional, de lo que adoleció el gobierno de Peña Nieto, problema es que puede generar una terrible burocracia mientras una dependencia, la que sea, espera a que la vocería de la presidencia autorice hasta el más mínimo boletín.
¿Y quién se encargará de organizar simple conferencias de prensa?
Y peor aún, ¿quién se encargará de diseñar carteles, invitaciones, escenarios para eventos, coberturas de actividades.
¿Quién tendrá la responsabilidad de la producir programas de radio, spots de radio y televisión, o cualquier otra producción audiovisual y contenidos de Internet.
La centralización de la comunicación social gubernamental puede generar un vacío de información en un gobierno que pretende ser el más democrático de la historia reciente.
¿Y qué pasará con periodistas que querramos saber algo sobre alguna dependencia en particular?, ¿tendremos que acudir directamente al super vocero César Yáñez quien no responde ni mensajes ni llamadas a su celular?
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