Por Andrés A. Solis*
En medio de la pandemia por COVID-19, en abril de 2021, el Congreso del Estado de México aprobó la Ley para la protección integral de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del Estado de México.
En su momento era la mejor ley en la materia al incluir derechos fundamentales para el ejercicio profesional del periodismo y que garantizaba el acceso a hechos e información de interés público.
Tuvo fallas, las y los diputados locales optaron por dejar fuera temas importantes, torcieron la forma en que debe elegirse el Consejo consultivo, como lo expliqué en la entrega anterior, y es el propio Gobierno del Estado el primero en violar la propia ley.
Por sólo citar un ejemplo. La ley vigente prohíbe la instauración e instalación de cualquier obstáculo que impida a periodistas ejercer su labor y el gobierno de Delfina Gómez sigue utilizando el famoso “corral” para alejar a la prensa y mantiene la negativa de acceso a periodistas a eventos públicos, donde participan personas públicas y se utiliza dinero público.
Basta leer a partir del Capítulo VIII de la Ley, para ver todas las violaciones permanentes y por las que no hay sanción alguna.
En el marco de la conmemoración del 214 aniversario de la publicación de El Ilustrador Nacional, primer diario independiente de México, la coordinadora de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Nayeli Gómez Castillo anunció que la gobernadora convocará a mesas de trabajo para reformar esta ley de protección.
Pero no entienden lo que es la protección.
La protección del ejercicio profesional del periodismo no está en otorgar seguros de gastos médicos, créditos de vivienda ni gastos funerarios, porque eso es legitimar las prácticas perversas que tanta corrupción han generado.
¿Qué hace diferentes a periodistas con respecto a cualquier otra persona que merecería lo mismo? La protección no significa trato preferencial y que de facto compromete la libertad de periodistas.
La protección no significa quitar obligaciones a las empresas de medios (incluidos los medios públicos), que son los que deben garantizar, conforme a la Ley Federal del Trabajo, el acceso al goce y disfrute de derechos como la seguridad social, atención a la salud, acceso a la vivienda y gastos funerarios.
Esa es obligación de las empresas, no del gobierno.
Claro que la ley de protección debe mejorarse, pero no es a través de la legalización del “chayo”, con cargo al erario.
Es a través de la ampliación de derechos, de garantías de protección institucional y que el Gobierno del Estado, los municipios y los poderes Legislativo y Judicial cumplan lo que la propia ley les mandata y que haya sanciones reales cuando no es así.
Conmemorar un aniversario más de El Ilustrador Nacional y del día de la y los periodistas mexiquenses, quienes siempre han sobrado son las personas funcionarias públicas, porque además van a dar discursos donde dicen respetar al periodismo libre, pero en realidad intentan quitarse de encima el periodismo incómodo.
Otro ejemplo: Basta recordarle a la vocera Nayeli Gómez y a su jefa la gobernadora, que quien esto escribe fue censurado en el Sistema Mexiquense de Medios Públicos por haber comentado, con evidencia periodística, que la presidenta de México era ignorante sobre el funcionamiento de los mecanismos de protección de periodistas. Unos días después me quitaron el espacio semanal que tenía en los noticiarios de radio y televisión públicas.
Bienvenidas las mesas para la reforma a la ley, pero que no sean mesas con invitados a modo.
Las mesas servirán si incluyen todas las voces e incluyan realmente las propuestas que realmente favorezcan esquemas de protección al ejercicio profesional del periodismo, porque el beneficio no es para quienes lo ejercemos, sino para la sociedad que tiene el derecho a ser informada.
