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Por Deyra Guerrero

Las nuevas tecnologías y las normas de transparencia permiten detectar más fácilmente las mentiras de los políticos, quienes han encontrado en las verdades a medias una nueva forma de dar declaraciones. ¿Arely Gómez, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del país, recurrió a esa estrategia la semana pasada en la Cámara de Diputados?

La funcionaria aseguró en su comparecencia del 23 de octubre ante legisladores, que la SFP había agotado todas sus líneas de investigación para emitir sanciones por el caso de la constructora brasileña Odebrecht, que dio sobornos al Gobierno federal para obtener contratos millonarios, escándalo detonado en los medios en diciembre de 2016, en Estados Unidos.

“No podemos decir que la Secretaría de la Función pública ha sido omisa en este caso, por el contrario, la Secretaría de la Función Pública (de México) es el primer país que inhabilita a la empresa constructora sin contar con acuerdo reparatorio”, sostuvo Gómez.

“La sanción económica impuesta contra las empresas filiares de la constructora es histórica, la sanción más alta que ha impuesto la Secretaría de la Función Pública”.

Lo cierto

Ante los integrantes de las Comisiones de Transparencia y Anticorrupción, así como de Vigilancia, de la Auditoría Superior de la Federación, como parte de la glosa del sexto informe de Gobierno federal, Arely Gómez presumió las sanciones administrativas impuestas en contra de la empresa Odebrecht.

La dependencia abrió un expediente de investigación en la unidad de responsabilidades de Pemex y una auditoría, en la que se detectaron 21 filiales relacionadas con la compañía y se analizaron contratos con las refinerías de Tula, Hidalgo, y Salamanca, Guanajuato.

Es verdad que la SFP impuso multas a filiales de la empresa y a dos de sus representantes legales por más de mil millones de pesos, la cifra más alta en la historia del país en perjuicio de un ente privado, situación que no ha ocurrido en las otras naciones latinoamericanas respecto a las que también hubo acusaciones legales en Estados Unidos por una red de corrupción relacionada con Odebrecht.

También los señalados fueron inhabilitados por hasta 2 años y medio, tiempo en el que no podrán recibir contratos públicos en territorio mexicano.

Empero, estos castigos fueron por irregularidades en la ejecución de los contratos y costos indirectos, duplicidad de servicios y simulación del cumplimiento de garantías de obligaciones contractuales, no por soborno.

Lo dudoso

De acuerdo a la titular de la SFP, esta dependencia no tiene las facultades jurídicas para sancionar el ilícito de soborno, que es el que principalmente se ha documentado en investigaciones periodísticas, testimoniales y videos en cuanto a Odebrecht y el gobierno.

“Al momento de los hechos la conducta o soborno no estaba prevista en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, su investigación se centró en la adjudicación y ejecución de los contratos”, defendió Arely Gómez.

Aunque la solidez de esa afirmación podría discutirse legalmente, lo que es definitivo es que hasta ahora no se ha concretado ninguna averiguación, detención o castigo a un alto funcionario o ex servidor público en México, como sí ha pasado en Perú, República Dominicana, Ecuador, Honduras, Brasil y Guatemala.

La Secretaría de la Función Pública sí tiene la atribución de sancionar directamente a los políticos de elevada jerarquía involucrados en los malos manejos (aunque sea administrativamente, como argumenta), así como interponer denuncias con nombre y presunto delito cometido, ante la Procuraduría General de la República (PGR), pero no lo ha hecho y eso evidencia omisión en una parte de su actuar.

Ejecutivos de Odebrecht en Brasil reconocieron que pagaron sobornos a funcionarios mexicanos, el caso más sonado es el que vincula al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

La PGR hasta ahora se ha limitado a investigar el asunto de manera general y ha mantenido hermética toda la información en torno al tema.

El discurso de Arely Gómez, quien encabeza la SFP, es entonces Engañoso.

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