Entre Periodistas
Por Andrés A. Solis*
A nadie nos sorprende que los gobiernos de todos los niveles quieran adornar como grandes logros lo que en principio son sus obligaciones.
Así sucedió el pasado 5 de febrero de este año. Los gobiernos municipales de Toluca y Metepec, en el Estado de México, ambos emanados del Movimiento de Regeneración (Morena), pero con un alcalde y una alcaldesa que antes militaron en el Partido Acción Nacional (PAN), publicaron sus respectivos Bandos municipales.
En ambos casos los dos ayuntamientos presumieron como un gran logro que por primera vez incluyeron en este Bando, que es la ley máxima de un municipio, que respetarán los derechos y darán protección a cualquier persona que ejerza el periodismo.
En su Artículo tercero, párrafo segundo, el Bando Municipal de Toluca indica que:
“La autoridad municipal, en el ámbito de su competencia, tiene la obligación de promover y respetar los derechos humanos garantizando su protección; asimismo, deberá observar e implementar las medidas necesarias para garantizar los derechos fundamentales de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad, entre los cuales se encuentran: las niñas, los niños y los adolescentes; las mujeres; los adultos mayores; las comunidades y los pueblos indígenas; las personas con discapacidad; la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, entre otros; las personas migrantes o refugiadas; los defensores de derechos humanos; las personas privadas de su libertad; las personas con VIH/Sida; los periodistas y comunicadores; así como las personas víctimas del delito. (Las negritas son de quien escribe)
Mientras tanto, en su artículo 28, fracción XXXII, el Bando Municipal de Metepec dice lo siguiente:
“Garantizar el derecho a la libertad de expresión entre las y los ciudadanos y periodistas, así como garantizar la integridad física y profesional de las y los periodistas de los diferentes medios de comunicación en el momento en el que estén realizando su trabajo, siempre y cuando no afecten derechos de terceros y no impidan las labores de los servidores públicos en el ámbito de sus competencias”.
En principio es importante reconocer que por primera vez dos ayuntamientos incluyen en sus Bandos la importancia de garantizar la integridad de quienes ejercemos el periodismo y de proteger el derecho ciudadano y de periodistas a la libertad de expresión.
Sin embargo ponerlo en el Bando Municipal no es suficiente, es apenas un primer paso, pues este derecho a la libertad de expresión ya está incluido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la protección de periodistas en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas aprobada por el Senado de la República en 2012.
Es un paso importante porque dos gobiernos municipales se atrevieron a poner en papel lo que el Gobierno del Estado de México (priísta) y el Congreso del Estado (de mayoría morenista) no han querido hacer que es aprobar una ley de protección para periodistas mexiquenses.
Pero se quedan cortas las buenas intenciones de Toluca y Metepec, porque en ningún caso se acercaron con periodistas para analizar la mejor ruta para cumplir lo que prometen, considerando que en 2019 hubo al menos dos incidentes en cada municipio en donde persona del propio ayuntamiento y las policías municipales fueron quienes agredieron a periodistas.
En ningún caso hay en sus protocolos de actuación responsabilidades administrativas o penales en contra de personas servidoras públicas que incumplan con garantizar los derechos de información, el ejercicio profesional del periodismo o que incluso sean quienes niegan, obstruyen , obstaculizan, impiden, amenazan o atentan en contra de estos derechos que ahora pomposamente presumen en sus Bandos.
Toluca ni siquiera tiene un plan de protección permanente y Metepec cuenta con uno, pero hecho a medias, sin el apoyo de periodistas con experiencia en la materia y peor aún, en su bando dice claramente que protegerán a periodistas “en el momento en el que estén realizando su trabajo”; o sea que un policía podrá ir a agredir a cualquier periodista en su casa con el argumento de que no está laborando, porque su ignorancia no les alcanza a entender que quienes hacemos periodismo lo somos las 24 horas del día, como ellos y ellas son funcionarias las 24 horas del día.
