Por El Observatorio de Medios FCC
Con miras a cerrar un deficiente sexenio priísta y a encarrilar unas elecciones muy cerradas y de mucho debate, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior y reforma para que sea ilícito publicar una noticia si se considera que se “desprestigia” a alguien son temas de suma importancia respecto a nuestra actualidad.
En una actualidad que utiliza al linchamiento público como herramienta de manipulación y difamación, es sumamente peligroso que el Congreso de la Unión haya aprobado la reforma al Código Civil federal.
“El pasado 14 de Diciembre los legisladores federales sometieron a votación las modificaciones a la fracción I del artículo 1916 del Código Civil Federal para que “en la reparación del daño moral se considere el hecho ilícito de quien comunique, a través de cualquier medio tradicional o electrónico, un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien”, informó el Congreso de la Unión en un comunicado de prensa.”
La ley debe brindar protección a las personas para no ser exhibidos en los medios y en las redes sociales por supuestas conductas delictivas, sin mostrar pruebas y de manera anónima, como es el caso del poeta Felipe Montes en Monterrey quien fuera señalado como presunto acosador sexual en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
Este caso desató un debate en las redes sociales y se promovió la denuncia anónima de maestros universitarios acosadores. Sin embargo, el problema con el artículo que se modificó en el Código Penal es que convierte en delito la publicación de hechos aún siendo ciertos que se considere dañan la imagen de cualquier persona incluidos los funcionarios públicos y los políticos.
Desde hace años, el delito de difamación ya no existe en México. Sin embargo, cabe señalar que de aprobarse la reforma al Código, los actores de actos de corrupción que sean señalados como los culpables de los mismos que se sientan “desprestigiados” pueden obligar al medio que difunde la noticia. Como hemos condenado en reiteradas ocasiones en el Observatorio de Medios de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL, México es el peor país que no está en guerra para ejercer el periodismo.
El señalamiento de la alarmante cantidad de actos de corrupción son los que mantienen la esperanza en los ciudadanos con busca de un cambio, pues son éstos los que nos permiten ver quiénes son los verdaderos protagonistas de la mafia que aqueja a México. Son éstos mismos los que en un acto de salvajismo contra la libertad de expresión hoy corren peligro.
Así de salvaje es también la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. No hay justificación alguna para aprobar la consecuente militarización del país. Desde que el asesino de Felipe Calderón en 2006 se vistiera de verde militar e intentara hacer olvidar el fraude de su “elección” sacando a los militares de los cuarteles con la excusa de enfrentar el crimen organizado, el número de asesinatos, de desapariciones forzadas y de violaciones a Derechos Humanos han aumentado exponencialmente.
Ni la ONU, ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomiendan la aprobación de la ley. Entonces, ¿Por qué apoyarla? El dinero. El principal beneficiado será -otra vez- Estados Unidos. La cantidad enorme que recibirán sus empresas por la compra de armamento y las violaciones a Derechos Humanos que sufrirán los mexicanos para favorecer el negocio del narcotráfico son las principales consecuencias de una ley que a todas luces parece un fracaso. Además, la represión política que se avecina es inminente.
López Obrador representa, una vez más, un peligro para todos aquellos que se han visto beneficiados
por la clase política y económica de México. Asimismo saben, que en caso de fraude, los mexicanos saldremos a tomar las calles para reclamar el sufragio que nos habría sido arrebatado. Con la LSI, el presidente puede considerar que las instituciones estarían siendo atacadas y tendría la facultad para autorizar a las Fuerzas Armadas de “hacer uso de la fuerza pública” en contra de manifestaciones o movilidad social.
La decadencia de una clase política desesperada por seguir siéndolo se ve reflejada en esta Ley. Por años México ha sido representado por actores políticos que no han visto más allá de sus propios intereses. Sin embargo, es una cuestión de conformismo, actividad política, estudio, y reclamos sociales los que permitirán o impedirán que este tipo de situaciones sigan ocurriendo.
* El Observatorio de Medios es un portal de comunicación integrado por estudiantes y maestros de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL que creemos necesario crear un espacio de observación y análisis del contenido de los medios de comunicación en nuestro país.
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