Entre Periodistas
Por Andrés A. Solis*
El asesinato de Jesús Eugenio Ramos en Tabasco, una vez más elevó las alertas sobre las precarias condiciones en que se ejerce el periodismo en México, particularmente en aquellas zonas donde los poderes fácticos tienen más capacidad de acción y reacción que las autoridades constitucionales.
Nuevamente la discusión entre iguales para exigir acciones concretas de quienes gobiernan para que cumplan sus promesas de revertir estas condiciones.
En octubre de 2017, el Gobierno de Tabasco, cuando era gobernador Arturo Núñez Jiménez, se instaló la Unidad Estatal de Protección a Periodistas, como sucedió en otras entidades; un organismo creado con representación de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General del Estado, un esquema mínimo acordado por el Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto y el pleno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).
En su momento la anunciaron con singular alegría y este atentado contra el colega Jesús Ramos demostró que no fue muy eficaz.
Hoy, Tabasco es gobernado por Morena, en la persona de Adán Augusto Lopez y el mismo partido cuenta con mayoría en el Congreso del Estado.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Beatriz Millán Pérez mostró públicamente su interés por que ahora si se presente y se discuta una iniciativa de ley de Protección de Periodistas para la entidad, un tema al que otras legislaturas han hecho caso omiso.
Y si su interés es real, pues entonces ojalá tenga disposición de platicar y escuchar a periodistas que hemos trabajado sobre este tema desde hace varios años tanto a nivel federal como en otras entidades.
Ojalá la presidenta del Congreso tabasqueño acceda a escucharnos y que se de cuenta que una ley de protección no debe ser una ley de reacción policiaca porque se ha probado su fracaso.
Que sepa que lo que menos necesitamos las y los periodistas son legislaciones que fomenten la dádiva, sino que realmente contribuyan a dar certeza al ejercicio profesional del periodismo en beneficio de la sociedad.
Las leyes de protección deben girar en torno a tres ejes fundamentales:
- El Estado mexicano debe garantizar el libre ejercicio profesional del periodismo y para ello las leyes deben reconocer que el periodismo profesional es una actividad de interés público que debe ser protegida y tutelada por el Estado.
- Reducir las brechas de vulneración desde las empresas. Esto significa que los congresos locales también revisen junto con el Congreso de la Unión las reformas a las leyes laborales y relativas, para garantizar contrataciones honestas y pagos justos para sus periodistas y romper con los vicios del “pago por nota”, la subcontratación o el “pago de comisiones” por la venta de publicidad, que sólo han generado relaciones perversas entre periodistas y la clase política.
- Elevar los estándares profesionales, a través de programas de capacitación y profesionalización permanente de las y los periodistas, de la mano con universidades públicas e instituciones de educación superior, lo que también elevará los estándares éticos y deontológicos del gremio.
Las leyes que sólo dicen proveer “guaruras” y cámaras de seguridad a las y los periodistas han mostrado que no sirven, de tal manera que la ruta debe cambiar.
Y esta disposición al diálogo no es sólo para Tabasco, es para todos los congresos locales, especialmente los de Querétaro y Puebla, donde las discusiones se quedaron en el olvido desde 2013, por falta de interés de quienes detentaban el poder político de estas entidades.
