Por Andrés A. Solís Álvarez
Terminó 2017 y terminó como el año más mortífero para el periodismo. Doce colegas fueron asesinados, nueve a plena luz del día y delante de testigos; dos fueron secuestrados igual de día y delante de su familia o personas conocidas. En solo dos casos hay presuntos responsables detenidos y enfrentando proceso penal.
Justo el 19 de diciembre pasado, día en que la organización francesa Reporteros Sin Fronteras presentaba su informe de agresiones contra la prensa en el mundo, fue asesinado el reportero Gumaro Pérez en Acayucán, al sur de Veracruz. Con este atentado México igualó a Siria, un país en guerra, como los más mortales para el ejercicio del periodismo.
Ya nos quejábamos ese día 19 de diciembre que habíamos igualado la cifra de 11 muertes en un año y la cifra llegó a 39 en este sexenio, según el conteo de la organización inglesa Artículo 19.
Pero no solo es el peor año en la historia del periodismo mexicano, es también el año de promesas vacías e incumplidas por parte del presidente de la República Enrique Peña Nieto y de los 32 gobiernos estatales que el 17 de mayo, en una reunión celebrada en la Residencia Oficial de Los Pinos, ante todo el cuerpo diplomático acreditado en el país, se comprometieron a fortalecer los mecanismos de protección, fortalecer la investigación y abatir la impunidad que es del 99.7 por ciento de los asesinatos cometidos contra periodistas desde el año 2000, según Artículo 19. (Este reportero hizo un reportaje sobre este tema que puede leerse aquí http://ncm.mx/2BZltF9).
El presidente y 32 gobernadores que ese 17 de mayo llegaron con la camiseta de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) prometieron además crear lo que llamaron unidades estatales de protección que trabajarían en coordinación con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaria de Gobernación.
Hasta esa fecha seis periodistas habían sido asesinados en 2017.
Cinco días después, el 22 de mayo, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián acordó con los 32 secretarios de gobierno estatales instalar antes del 30 de junio estas unidades de protección y elaborar mapas de riesgo para el ejercicio profesional del periodismo.
Llegó el 30 de junio y nadie cumplió, ningún gobierno instaló ninguna unidad ni informó de su atlas de riesgo. El 26 de junio se informó de la muerte de otro periodista. Ya iban siete.
En Veracruz opera desde 2013 la Comisión Estatal de Atención y Protección de Periodistas, pero este año cuatro periodistas murieron en esa entidad. En Ciudad de México, desde el 1 de diciembre de 2016 opera formalmente el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos, que apenas el 27 de noviembre eligió a las y los integrantes de su Consejo Consultivo (ciudadano), pero que aún no se ha instalado.
El año terminó con 12 asesinatos, pero solo siete estados cumplieron con instalar su unidad protectora. En cinco de esas siete entidades murieron periodistas antes de su instalación.
Faltan 23 entidades de cumplir la promesa. En 19 de esas 23 entidades tampoco existen leyes de protección o que garanticen el libre y seguro ejercicio del periodismo. Sus gobernadores y legisladores no han mostrado interés por actuar, aunque lo hayan prometido ante el presidente y la sociedad.
Este será año de elecciones federales, el último año de la actual administración de Peña Nieto y el panorama para el periodismo libre es desolador. Un clima que se agrava por la inacción del Estado en sus tres niveles.
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