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Por Deyra Guerrero

Aunque la historia reciente indica que quienes han cometido mayores afectaciones a las arcas públicas son funcionarios de la más alta jerarquía y sueldos, como algunos gobernadores, hay quienes todavía piensan que ganar menos es motivación para cometer malos manejos con los recursos públicos.

Julio Santaella Castell, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Una de las personas que tiene esa idea es el presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Julio Santaella Castell, quien el 24 de enero adelantó que está pensando en presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra del recorte presupuestal que le fue impuesto por el Gobierno federal al organismo que encabeza para el 2019.

El INEGI sufrió una disminución de 500 millones de pesos, quedando con una partida total de 12 mil 129 millones para este año.

Santaella Castell explicó en rueda de prensa que, como parte de las medidas de austeridad promovidas por la administración de Andrés Manuel López Obrador y la promulgación de la nueva la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, se les redujo el salario a 68 funcionarios del INEGI, más de 12 mil se quedaron sin seguros de gasto médicos mayores y a más de ocho mil perdieron su seguro de separación individualizada.

Ahora la curva de percepciones de los 15 mil 950 empleados del organismo va de los 10 mil a los 106 mil pesos mensuales

El 13 de septiembre de 2018 la Cámara de Diputados aprobó la nueva norma que establece que nadie puede ganar más que el Presidente de la República, quien percibe un sueldo de 108 mil pesos mensuales.

“Esta serie de decisiones, si bien en el corto plazo suenan razonables, y nosotros ya las hemos asumido, cuando las vemos con una perspectiva de largo plazo, creo que pueden ser consideradas relativamente miopes.

El servicio público puede tener problemas de incompetencia y la evidencia nos dice que también generamos incentivos para la corrupción” dijo Santaella Castell.

¿Es esta última afirmación verdad? Verifiquemos.

Más sueldo no significa menos “transas”

El informe titulado Tres lecciones de la nueva base de datos de indicadores de burocracia mundial del Banco Mundial, demuestra que existe poca relación entre los altos salarios y una menor corrupción.

“Si existe una relación causal, debe haber algunos otros factores importantes que se mueven con la prima salarial para compensar su impacto”, destacó el análisis.

Según datos del estudio Government at a glance 2017, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los salarios de los altos funcionarios del gobierno mexicano son más elevados que la de los de estadounidenses, suizos, frances, noruegos y casi todos los países que lo conforman.

salarios

Los sueldos de los burócratas nacionales sólo son superados por los que existen en Colombia, pues son proporcionales a cerca de 13 veces el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita de México.

La misma tendencia se presenta en los mandos intermedios gubernamentales.

Sin embargo, el que los políticos del país en el servicio público sean casi los que mejor ganan no ha impedido que a la vez México sea una de las naciones con mayor corrupción del mundo, el lugar 138 de 180 evaluados, para ser más exactos, reveló el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2018, publicado por Transparencia Internacional.

La República Mexicana es el país más corrupto de la OCDE, constituida por las 35 economías más desarrolladas del mundo y está en el penúltimo lugar entre las naciones más ricas en el ámbito global que pertenecen al llamado G20.

Al cruzar la información del Banco Mundial con la de Transparencia Internacional se encuentra que países como Noruega e Islandia, que tienen entre los menores sueldos de funcionarios, tienen la posición 7 y 14, respectivamente, entre las naciones con menos corrupción en el planeta.

En conclusión, el discurso de Julio Santaella Castell, presidente del INEGI, es FALSO, ya que no existe evidencia de que reducciones salariales incentiven el cometer irregularidades y delitos con el dinero público.

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