Entre Periodistas
Por Andrés A. Solis*
Permítame iniciar esta columna con una cita:
“Ustedes como diputados electos tienen un gran trabajo de que analicen la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y propongan modificaciones de fondo y que se elimine ya que el pato Donald, Pedro Infante o que usen nuestros nombres para hacer preguntas (…) mínimo que se identifique la persona a la que se está contestando».
Esta afirmación se la debemos a María del Carmen Carballo Vicencio, síndica única del Ayuntamiento de Poza Rica, Veracruz, durante una sesión de cabildo celebrada en diciembre de 2019.
El regidor de Movimiento Ciudadano, Víctor Cantú Salazar secundó a la funcionaria, diciendo que aunque la ley les obligue a responder, no pueden tomar como serias las peticiones que vengan de Tribilín.
La regidora panista Yhereri Carranza hasta le agregó muy seria al hablar de protección de datos personales: “¿cómo vamos a resguardar a Speedy González?”.
Durante 2019 el Ayuntamiento de Poza Rica, dijo haber atendido 670 solicitudes y se les hacen muchas.
El colmo fue la afirmación del alcalde morenista Francisco Javier Velázquez Vallejo, cuando aseguró que “hemos tratado de responder”, cuando en realidad es una obligación, no un acto de buena voluntad y afirma que “las preguntas anónimas protegen a quien pregunta, pero dejan en la indefensión a quienes responden”.
Entonces el Ayuntamiento de Poza Rica quiere que se reforme la Ley de Transparencia para negar el derecho de hacer solicitudes de información desde el anonimato.
Un Ayuntamiento, por cierto, que presume haber recibido un premio nacional por ser un “municipio transparente”.
Sólo para aclarar.
Las leyes de transparencia han sido un logro importantísimo que han abonado mucho a la construcción de ciudadanía, a la democracia y a la rendición de cuentas de parte de quienes ejercen el poder.
Hay leyes buenas, regulares, malas y muy malas y siempre está la inercia de cualquier persona funcionaria pública de encontrar los resquicios legales para no dar información.
Pero hay que recordarle al cabildo de Poza Rica. Los derechos de información incluyen el derecho de todas las personas de atraerse de información, el derecho a informar y el derecho a recibir información.
Las leyes de transparencia y protección de datos tardaron más de 80 años en reglamentar el derecho de petición consagrado en el Artículo 8o. de la Constitución y por eso son una garantía y prerrogativa que todos y todas tenemos de preguntar lo que queramos, cuando queramos y a quien queramos de la administración pública, de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno.
El Cabildo de Poza Rica en este arranque de autoritarismo olvida que uno de los grandes avances en materia de transparencia es que las leyes vigentes nos permiten solicitar cualquier información que esté en poder de cualquier entidad pública y que no tenemos ninguna de obligación de decir ni quiénes somos ni para qué queremos esa información, precisamente porque es nuestro derecho y porque es obligación de la autoridad atender la petición.
Si al alcalde y su cabildo les molesta que las personas peticionarias no den su identidad, entonces podrían comenzar devolviendo ese “premio” que a todas luces se ve que no merecen.
