Por Jorge Verástegui*
La desaparición forzada es un delito que lesiona no solo a la persona que es privada de la libertad sino a la familia de ésta. Es un crimen cometido por agentes del Estado, es decir, por las personas que deberían de garantizar la seguridad y combatir los delitos, o por particulares con apoyo de éstos.
En estos casos vemos que lo que debería ser una excepción, que las víctimas asuman las labores, de investigación y búsqueda, que le corresponden al Estado, se convierte en una regla. El trabajo de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) exhibe y deja al Ministerio Público como simple auxiliar en la investigación de las desapariciones.
Desde FUNDENL se ha impulsado un trabajo incansable en la búsqueda de las personas desaparecidas en Nuevo León e incluso se logró que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) emitiera diversas recomendaciones a autoridades municipales y estatales, pero resultó ser una acción más que beneficiosa inoperante pues las autoridades no han atendido las recomendaciones y la CEDHNL no ha dado el debido seguimiento a sus recomendaciones.
Es lamentable que aun cuando la CEDHNL se ha pronunciado por casos de personas desaparecidas, le tembló la mano para exigir que se iniciaran procesos penales en contra del Ministerio Público por no actuar con debida diligencia, y en lugar de eso recomendó apertura procedimientos administrativos, es un trabajo que se queda en olvido si la CEDHNL no tiene el valor de exigir su cumplimiento.
